Tras la denuncia de Píparo, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó que de inmediato se llevó adelante una requisa en la Unidad 34 Melchor Romero donde está alojado el interno y se secuestró un teléfono móvil que no estaba registrado a su nombre, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal 8 de La Plata, en turno.
Una fuente judicial explicó a Télam que “ahora será la justicia la que deberá determinar si los mensajes salieron de ese celular, más allá de que cometió un acto no permitido por tener un teléfono no registrado”.
El SPB detalló que el protocolo de uso regulado de celulares se implementó la semana pasada por orden de la Justicia y la reglamentación elaborada por el propio servicio dio cumplimiento estricto a lo resuelto por el Poder Judicial. La reglamentación establece la prohibición de utilizar teléfonos móviles sin el debido registro y en ese caso solo permite la comunicación por la red social Whatsapp.
“Precisamente el protocolo que se firma con los internos a partir de la autorización judicial es para evitar llamados desde celulares ingresados clandestinamente”, añadió el comunicado.
Por otro lado, la asociación que preside Piparo, la Asociación Civil Usina de Justicia, junto con Fortalecidos por el Dolor, Asociación de Vecinos de la localidad de San Martín, pocos días después de la resolución que permitió a los presos el uso de celular para poder comunicarse con sus familias en plena pandamia, publicó una carta encontra de esté permiso.
“El uso indiscriminado de telefonía celular por los internos puede ser el medio para amedrentar o amenazar a los testigos y las víctimas de delitos, y hasta para organizar secuestros virtuales. Para comunicarse, los internos disponen de teléfonos públicos instalados en las cárceles donde se anticipa al destinatario que el llamado proviene de un establecimiento penitenciario. Consecuentemente, manifestamos asimismo nuestra oposición al “Protocolo para el Uso de Teléfonos Celulares por parte de Personas Privadas de la Libertad en el ámbito del Servicito Penitenciario Bonaerense” sancionado por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, el cual autoriza el uso de telefonía celular, tabletas (tablets) y computadoras con acceso a Internet. Además no habrá modo de controlar e impedir el uso indiscriminado de las redes sociales”, escribieron. “Resulta alarmante que el Protocolo haga un expreso “blanqueo” de todos los celulares ya introducidos ilícitamente en las cárceles bonaerenses, puesto que como “disposición transitoria”, permite la “regularización” de la “tenencia y utilización” de los celulares que tuvieren consigo los internos, bajo el simple trámite de la registración por parte de la autoridad penitenciaria y sin que haya tomado ni la más mínima precaución para determinar la titularidad de esos dispositivos”, agregó y fue dirigida hacía la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y el Tribunal de Casación Penal, organismos todos de la Provincia de Buenos Aires.Comunicado de los integrantes del Observatorio de Víctimas de Delitos pic.twitter.com/JcR1bMwGgS
— Observatorio de Victimas de Delitos (@ODelitos) April 5, 2020